El Gobierno ha aprobado un proyecto destinado a reducir las cargas regulatorias. El Paquete de Legislación Favorable a las Empresas, junto con leyes aprobadas anteriormente, pretende facilitar la actividad empresarial. De las más de 70 simplificaciones, solo unas pocas afectan a un grupo amplio de entidades.
El Paquete de Legislación Favorable a las Empresas amplía la protección de los consumidores
El empresario como consumidor
Los autores del proyecto proponen tratar a los empresarios individuales como consumidores en determinadas situaciones. La protección se extendería a los contratos que no tengan carácter profesional para ellos, según el objeto de la actividad inscrita en el Registro Central de Información de la Actividad Económica (CEIDG).
¿Qué derechos se reconocerían?
Los empresarios individuales podrían desistir de contratos celebrados a distancia o fuera del establecimiento. También se aplicarían las normas de consumo sobre cláusulas abusivas y garantía legal por defectos.
Justificación
La medida se justifica por la necesidad de proteger a los empresarios individuales, que poseen muchos menos conocimientos y experiencia que las entidades de mayor tamaño. Frente a un profesional especializado en una materia concreta, su posición se asemeja a la de un consumidor. Por ello, los autores del proyecto consideran que el empresario inscrito en el CEIDG necesita la protección prevista para los consumidores.
Aspectos que deben tenerse en cuenta
Se prevé que el cambio entre en vigor a principios de 2020. Las empresas deben prestarle especial atención, pues las cláusulas que modifican la garantía legal por defectos podrían resultar inválidas. Además, deberán prever la posibilidad de desistimiento en los contratos celebrados fuera del establecimiento o a distancia.
El proyecto modifica la sucesión de derechos y obligaciones derivados de concesiones, autorizaciones y licencias
Las normas vigentes consideran las concesiones, licencias y autorizaciones elementos integrantes de la empresa. Sin embargo, ello no implica su transmisión cuando una persona física vende su empresa. La regla actual establece que estos derechos pasan al adquirente únicamente cuando una disposición especial lo permite. El proyecto pretende establecer la regla general de su transmisión por sucesión: solo quedarían excluidos cuando una disposición especial así lo establezca. Se invierte, por tanto, el criterio actual. La transmisión de sus derechos y obligaciones se regiría por las mismas reglas aplicables a la administración sucesoria de la empresa.
No antes de iniciar la actividad
Este derecho se aplicaría a los adquirentes que ya sean empresarios, con independencia de la forma de su actividad. No comprendería a quienes no ejercen una actividad económica al adquirir la empresa.
El Paquete de Legislación Favorable a las Empresas permite cometer errores
Uno de los lemas principales del paquete es el «derecho al error». Sus autores quieren que quienes inician un negocio puedan aprender de sus errores durante el primer año. Si extraen las lecciones oportunas y los corrigen, las autoridades administrativas no les impondrán sanciones.
¿Quién tiene derecho al error?
Una persona física que ejerza una actividad económica podrá utilizar este derecho durante los 12 meses siguientes a su inscripción en el CEIDG. También podrá acogerse al reanudar una actividad suspendida o finalizada, siempre que haya transcurrido un período de espera de al menos 36 meses.
El derecho no comprende otras formas de actividad empresarial. Las entidades organizadas quedan excluidas para limitar posibles abusos. Es fácil imaginar que se constituyeran nuevas sociedades únicamente para eludir responsabilidades legales.
¿Qué tipo de error?
El empresario podrá acogerse al derecho al error siempre que la infracción no sea grave. La gravedad debe valorarse por separado para cada infracción.
El derecho al error es también un derecho a aprender. El empresario debe aprender de sus equivocaciones, por lo que solo comprende las primeras infracciones. Para determinar si una infracción es la primera, deben considerarse todos los incumplimientos. Es irrelevante que se produjeran antes o después de la entrada en vigor de la ley. También se tienen en cuenta las infracciones cometidas como miembro de un órgano de una persona jurídica o como socio de una sociedad personalista.
Este derecho se refiere a infracciones cometidas en relación con la actividad económica.
¿Cómo se aplicará el derecho al error?
Las autoridades administrativas aplicarán este derecho absteniéndose de sancionar y requiriendo al empresario que subsane la infracción. Solo podrán sancionarlo si no elimina la infracción y sus consecuencias.
También evitará la responsabilidad el empresario que, sin requerimiento previo, subsane la infracción y sus consecuencias y lo comunique a la autoridad. Debe recordarse que solo se aplica durante los primeros 12 meses de actividad. La comunicación a la autoridad competente es indispensable para beneficiarse de la ley.
El derecho al error está sujeto a numerosas limitaciones. Por ello, quien pretenda utilizarlo debe analizar detenidamente la infracción a la luz de las disposiciones legales.
Conclusiones
El Paquete de Legislación Favorable a las Empresas modifica varias decenas de leyes, pero no introduce cambios trascendentales. Los más importantes afectan a las personas físicas que ejercen una actividad económica. El análisis del proyecto indica que su enfoque favorable consiste, esencialmente, en ofrecer un trato más indulgente a los empresarios individuales, permitiéndoles evitar ciertas consecuencias de sus errores. Para el desarrollo de las empresas polacas puede resultar mucho más importante aprobar la ley de reducción de la morosidad, sobre la que escribimos recientemente en el blog.
